Archbishop Charles Chaput, O.F.M. Cap.

En los últimos años, el Inquirer ha realizado una variedad de valiosos informes y editoriales sobre el abuso sexual en la Iglesia católica y los errores pasados de la Iglesia para erradicar a los abusadores y proteger a los inocentes. Todo el público, incluidos los católicos, está agradecido por esto

Llegué a Filadelfia solo meses después de un severo informe del gran jurado en el 2011 y desde entonces (pero comenzando mucho antes) la Arquidiócesis ha trabajado arduamente para reformar sus esfuerzos para acercarse a las víctimas, los estándares de seguridad, el manejo de las acusaciones de abuso y la cooperación con la aplicación de la ley.

Nada de esto ha sido una fachada. El sufrimiento de las víctimas del abuso en el pasado es una cicatriz profunda en el testimonio de la Iglesia, y una que llevará generaciones para redimir. Los sacerdotes, diáconos, religiosos y obispos de esta diócesis aman a su pueblo y están comprometidos a protegerlo. La Arquidiócesis, sus ministerios y sus recursos no son más ni menos que las personas que sostienen sus parroquias. Ellas hacen posibles los servicios católicos, y son ellas —no una corporación religiosa incorpórea— las que soportan la carga de penas y leyes injustas.

La verdad siempre es algo bueno; así que ha sido extraño notar que el Inquirer a menudo parece menos comprometido a reportar la historia, raíces, alcance e intratabilidad de los problemas crónicos de abuso sexual en nuestras escuelas públicas, instituciones y la sociedad en general, y aún menos interesado en lo que la Iglesia ha hecho y está haciendo para lidiar con el problema.

Desde el año 2002, la Arquidiócesis ha comprometido más de $ 13 millones para asistencia a las víctimas para individuos y familias, incluyendo consejería y otros servicios relacionados a la salud mental, ayuda con medicamentos, viajes necesarios y cuidado de niños.

Los profesionales en el campo de la defensa de víctimas administran nuestro Progama de Asistencia a Víctimas arquidiocesano; su enfoque está en la sanación no importa cuándo ocurrió el abuso, y no existe límite sobre cuánto tiempo se ofrece la asistencia. Los consejeros y terapeutas, independientes de la Arquidiócesis, establecen el plan de cada persona en función de las necesidades únicas de cada individuo. Hemos invertido otros $ 6 millones en esfuerzos de prevención de abuso que incluyen programación educativa para decenas de miles de niños y adultos en nuestras escuelas y parroquias, así como exámenes y verificaciones de antecedentes a través de las agencias policiales estatales y federales; todos estos esfuerzos están en curso.

Sin embargo, estos hechos han sido rutinariamente ignorados o subestimados por los medios de comunicación en la esfera pública. A pesar de la amplia evidencia del alcance del problema de abuso sexual más allá de la Iglesia católica, algunos continúan perpetuando la mentira de que el abuso sexual de menores es un problema «católico» y que la Iglesia ha hecho poco por abordarlo; esto es rotunda y demostrablemente falso. Cualquier persona que abuse criminalmente a un niño debe ser castigada por la ley.

El informe del Inquirer “Stolen Childhood” (26 de octubre), centrado en el patrón de abuso cometido por el difunto ex sacerdote James Brzyski, fue, con toda razón, cargado emocionalmente y difícil para leer, sobre todo para los sobrevivientes, y los familiares y amigos de los hombres víctimas de las repugnantes acciones de un individuo. Pero la historia virtualmente ignoró la verdad de que nuestra familia de la Iglesia ha trabajado honesta y vigorosamente para remediar el problema del abuso durante muchos años. Y la Arquidiócesis, a pesar de ser mencionada de manera destacada en el artículo del Inquirer, ni siquiera fue contactada por los periodistas.

La historia de Brzyski, que posteriormente fue destacada en la edición del 29 de octubre del Inquirer, fue un ejemplo clásico de prensa agresiva en pro de la defensa y encaja a la perfección en mayores esfuerzos para abolir el estatuto de limitación civil de Pensilvania. Esto abriría el camino para perseguir litigios masivos y sanciones financieras contra la Iglesia. Eso puede sonar «justo» para algunos, pero ciertamente es lo contrario. Como dijimos y vimos en el pasado, las personas que soportarán las cargas financieras resultantes de tal legislación punitiva no son los verdaderos abusadores ni los ejecutivos corporativos anónimos; las sanciones correrán a cargo de familias inocentes, individuos y clérigos en el campo, porque todo lo que la Arquidiócesis y nuestras parroquias tienen en términos de recursos se mantiene en fideicomiso para nuestra gente. Es su dinero.

Permítanme ser claro: el abuso sexual es un mal grave y un crimen, y un caso que involucre el abuso sexual de un menor es ya demasiado. La Iglesia está comprometida con la seguridad de nuestros jóvenes. La Arquidiócesis tiene una política de cero tolerancia para el abuso de menores e informa cualquier acusación de dicho abuso a las autoridades. Instamos a cualquier persona que haya sido abusada, sin importar cuándo ocurrió el abuso, a que presente e informe el abuso a las autoridades. Como cuestión de política, la Arquidiócesis informa cualquier sospecha de delito a la policía. No nos oponemos a una medida que levante el estatuto de limitación penal para delitos sexuales de forma prospectiva; queremos que aquellos que han sido perjudicados, no importa cuánto tiempo atrás, reciban la ayuda que necesitan y queremos que los culpables de actos criminales se enfrenten a la justicia correspondiente.

Entre los momentos más difíciles pero importantes de mi tiempo como obispo están las reuniones privadas que he tenido con víctimas de abuso sexual. Su dolor y lucha son reales, y yo admiro su valentía. Al hablar, y a veces orar juntos, tratamos de encontrar un camino hacia la sanación. Mi esperanza es que nuestro tiempo juntos exprese sinceramente no solo mi dolor personal por el mal que se les ha hecho, sino también la dedicación incondicional del clero de hoy, el personal de la Arquidiócesis y de toda la familia de la Iglesia en pro de la seguridad de todos los confiados a nuestro cuidado.

La Iglesia tiene la obligación de erradicar honestamente y prevenir el abuso sexual en la vida de sus parroquias y escuelas; sin duda, la misma obligación podría ser útil en la cobertura de sus esfuerzos por los medios de comunicación.

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Para asistencia con sanación, las personas pueden contactar a la Oficina de Protección de Niños y Jóvenes de la Arquidiócesis de Filadelfia al 1-888-800-8780 o philavac@archphila.org