CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — Los obispos chilenos dijeron que si bien apoyan la legislación que requiere que los sacerdotes y autoridades religiosas reporten crímenes, también temen que una actualización de la ley vigente en el país obligaría al clero a violar el sacramental secreto de confesión.
La Cámara de Representantes chilena de 155 miembros, aprobó el 23 de abril una medida por unanimidad que incluiría a los clérigos y religiosas/os a la lista de policías, miembros de las fuerzas armadas, maestros y servidores públicos que están obligados a reportar todos los crímenes bajo el artículo 175 del código penal de Chile.
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No obstante, la Cámara de Representantes también rechazó una propuesta que excluiría a los crímenes reportados durante el sacramento de la confesión. La medida ahora será debatida en el Senado.
El obispo Luis Fernando Ramos, secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile, le dijo al portal de noticias chileno La Tercera que si bien la iglesia apoya las leyes que le aseguren justicia a las víctimas de abuso, el rechazo a la enmienda presenta “una seria dificultad” porque la confesión “es un sacramento y, por consecuencia, es un acto protegido por la ley chilena, especialmente por el código penal”.
El obispo Juan Ignacio González de San Bernardo dijo que si bien la ley es un paso “positivo”, los legisladores también deben “salvaguardar las creencias y la conciencia de la gente, lo cual es uno de los derechos humanos más fundamentales”.
“El sacramento de la confesión siempre implica el derecho a proteger la identidad de la persona que acude, y él o ella sabe que nada de lo dicho puede ser comunicado a nadie bajo ninguna circunstancia”, dijo el obispo González a La Tercera.
El padre Ricardo Morales, administrador apostólico de Puerto Montt, dijo que los sacerdotes no pueden “violar la conciencia de una persona que manifiesta sus pecados ante Dios”.
Sin embargo, agregó, los sacerdotes tienen las herramientas para que a “una persona que confiesa una situación de abuso a un menor, por ejemplo, no se le otorgue la absolución o no se le perdone a menos que ellos reporten el crimen” a las autoridades.
La actualización de la ley fue inicialmente propuesta en 2018, después de que el papa Francisco escribiera a los católicos de Chile expresándoles vergüenza por las fallas de la iglesia en cuanto a escuchar y defender a las víctimas de abuso sexual por parte del clero.
En la carta, el papa denunció “la cultura de abuso y encubrimiento” que no solo permitió que el abuso sexual ocurriera sino también “consideró una actitud de crítica y cuestionamiento como una traición”.
El representante Raúl Soto, principal auspiciador de la actualización de la ley, le dijo a La Tercera que la propuesta de eximir las ofensas divulgadas durante la confesión fue rechazada con el fin de enfatizar la responsabilidad de las autoridades religiosas de reportar crímenes y que la prioridad se le debe dar a las víctimas.
“Creo que hay una muy fuerte mayoría política que considera que, incluso bajo secreto de confesión, debería existir la obligación de poner toda la evidencia a disposición del sistema de justicia criminal”, dijo Soto.
Según el Código de la Ley Canónica, el secreto de confesión “es inviolable”, y está absolutamente prohibido que un confesor traicione de algún modo a un penitente ya sea de palabra, de alguna manera y por alguna razón.
El papa Francisco aclaró que la privacidad de la conciencia de uno ante Dios, también conocida como fuero interno, debe siempre ser protegida en el sacramento de la confesión.
En un discurso a sacerdotes y seminaristas que participaron en una conferencia anual sobre el fuero interno el 29 de marzo, el papa dijo que el uso de la información obtenida en confesión para influir en decisiones externas era “un pecado contra la dignidad de la persona que confía en el sacerdote, quien revela su realidad en busca de perdón”.
“El fuero interno es el fuero interno”, dijo. “Es algo sagrado”.
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